Tras la avalancha de medidas adoptadas por Trump, la atención mediática y los mercados financieros están centrados en la imposición de aranceles a los principales socios comerciales de los estadounidenses. Tras un primer amago hace algo más de un mes, los primeros aranceles sobre productos mexicanos, canadienses y chinos ya han entrado en vigor.
Los aranceles los pagan los importadores de los bienes. Por lo tanto, los efectos inflacionistas y de menor crecimiento de la incipiente guerra comercial de Estados Unidos con el resto del mundo son evidentes. De momento, las expectativas de inflación futura ya han aumentado, incluso antes de que lo hagan los precios.
Dentro del difícil encaje de bolillos de las distintas medidas de la política económica de Trump, la pieza clave para compensar las tensiones inflacionistas procedentes de los aranceles y de la repatriación de fabricación de bienes a Estados Unidos es la consecución de una producción de energía abundante y barata. Para ello, ha declarado la Emergencia Energética Nacional.
El objetivo último es conseguir que Estados Unidos cuente con la energía más barata entre todos los países industriales, que rebaje el coste de la energía y de los productos producidos en Estados Unidos, entre ellos todos los productos agrícolas. Uno de los principales costes en la producción agrícola es el combustible diésel necesario para los tractores y otra maquinaria. La reducción del coste del diésel ayuda a reducir el coste de los alimentos.
Mediante la Emergencia Energética Nacional, se pretende impulsar la producción nacional de combustibles fósiles para eliminar la dependencia de fuentes extranjeras. Entre otras medidas: se elimina regulación para agilizar los permisos de exploración de combustibles; se reactivan los proyectos para exportar gas licuado a otros países; se rellenarán las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR), actualmente se encuentran en su nivel más bajo de los últimos cuarenta años, con 395 millones de barriles, frente a la capacidad máxima de 700 millones de barriles; se reactivan los permisos para la construcción del oleoducto Keystone XL para transportar crudo desde Canadá, paralizado por Biden nada más acceder a la Casa Blanca; se agilizan los permisos para realizar exploraciones en Alaska; se suprimen todos los mandatos de energías verdes, entre ellos la obligación de vender el 50% de automóviles eléctricos en 2030.
Adicionalmente a lo anterior, Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, abandonando los compromisos de descarbonización. Todas estas medidas tienen un efecto directo en los países emergentes. Estos países se quejaban de las limitaciones que suponía para su crecimiento económico la agenda climática. Para estos países tener acceso a energías fósiles a un coste asequible es fundamental para conseguir sacar a millones de personas de la pobreza.
De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (IEA), hay cerca de 800 millones de personas en el sudeste asiático, Latinoamérica y en África subsahariana sin acceso a la electricidad, y más de 3.000 millones de personas dependen de combustible de biomasa (madera, estiércol, residuos agrícolas) para cocinar, y esto crea numerosos problemas de salud por el humo que generan.
Estos países se encontraban en una encrucijada: seguir las directrices internacionales para limitar el uso de los combustibles fósiles o utilizar sus propios recursos naturales para proporcionar energía y electricidad a su creciente población. Entre otros, este es el caso de Nigeria, con abundantes reservas de gas, una creciente población (227 millones de personas) y la necesidad de inversiones extranjeras para desarrollar una generación eléctrica doméstica.
Todos estos países en vías de desarrollo, incluyendo a China e India, necesitan energía abundante y barata para su desarrollo económico e industrial. Algunos de estos países disponen de los recursos naturales, cuya explotación veían limitada por las presiones internacionales de la agenda climática. Con la nueva Administración Trump dicha presión desaparece. Adicionalmente, la política de exportación de gas licuado por parte de Estados Unidos permitirá a estos países en vías de desarrollo acceder a una fuente de energía menos contaminante de las que utilizan actualmente.
Adicionalmente, a pesar de las políticas arancelarias de Trump, Estados Unidos no aplicará “Aranceles de CO2” (carbon tariffs). Estos aranceles que penalizan las importaciones de bienes que han utilizado combustibles fósiles y generación de CO2 en su fabricación. La Unión Europea sí aplica este tipo de aranceles con el nombre de Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
Dos efectos directos de la nueva política energética de Trump y su salida del Acuerdo del Clima de París son: primero, la menor presión a los países emergentes sobre el uso de energías fósiles y, segundo, la soledad de Europa al mantener sus políticas autolimitativas de sustitución de energías fósiles frente al resto del mundo.
Hasta ahora, el resultado final de la pretendida y deseada descarbonización, de acuerdo con The Energy Institute, es que la producción de carbón, petróleo y gas natural a nivel global está en máximos históricos, mientras Europa autolimita su extracción y su uso.
Lo que Europa no quiera fabricar internamente por considerar que incumple criterios de descarbonización, acaba siendo fabricado en otros países mucho menos respetuosos con el medio ambiente, siendo finalmente vendido en Europa. Como resultado, la bienintencionada reducción de emisiones de un país concreto puede acabar produciendo un aumento de las emisiones globales.
Europa se ha quedado sola en su aplicación de políticas verdes.
Artículo escrito por Jesús Sánchez-Quiñones, Consejero-Director General de Renta 4 Banco, en El Economista.
Jesús Sánchez-Quiñones González
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