En la práctica totalidad de los países occidentales, con contadísimas excepciones, los presupuestos de los Estados recogen cada año un volumen de gasto público siempre creciente respecto al año anterior. En la mayoría de los casos presentando déficits públicos, al exceder los gastos públicos a los ingresos públicos.
Para cuadrar el presupuesto, o al menos reducir el déficit público, la medida generalmente adoptada es subir los impuestos cada vez más y más, sin ni siquiera analizar si es posible reducir el gasto público. Una vez consolidado un gasto público específico, su retirada perjudicará a determinados colectivos, numerosos o reducidos, quienes protestarían ante tal osadía.
La experiencia de los últimos quince años en la Eurozona muestra que los países solo están dispuestos a reducir sus gastos públicos en situaciones extremas como contrapartida a rescates financieros internacionales o ante una elevada presión internacional sobre sus bonos. Grecia, Portugal e Irlanda se vieron abocados a acometer un fuerte recorte en sus gastos públicos para recibir un rescate financiero proporcionado por la Unión Europea y el FMI. El control de dichos recortes en los gastos públicos estaba supervisado por los llamados “hombres de negro”, representantes del BCE, la Comisión Europea y el FMI.
España, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, se vio obligada a un fuerte ajuste de gastos, recortando incluso el sueldo de los funcionarios un 5% y congelando las pensiones ante la presión internacional y la falta de demanda de los bonos españoles. No fue una decisión voluntaria.
Estados Unidos se enfrenta a una situación de sus cuentas públicas nada halagüeña. Ha pasado de 1 billón de dólares de deuda pública en 1980, a 20 billones cuando Trump fue elegido por primera vez, a los actuales 36 billones de dólares. Bajo las premisas actuales, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) espera que la deuda pública alcance los 60 billones de dólares en 2033. Ante esta situación, insostenible en el tiempo, la nueva Administración de Trump acometerá un experimento digno de seguir con atención: se creará un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk. Su meta es reducir el gasto en 2 billones de dólares al año para 2029.
Los objetivos de DOGE son: suprimir regulación emitida por las agencias federales, reducir el tamaño de la Administración y el ahorro de costes. Hay miles de regulaciones emitidas por las agencias federales. Se considera que dichas agencias no tenían la potestad de emitir dichas normas. Una vez estén todas estas normas identificadas, el presidente Trump puede derogarlas de forma inmediata mediante una Orden Ejecutiva.
La reducción de toda esta normativa permitirá, a su vez, reducir los costes burocráticos de estructura de las agencias afectadas. De acuerdo con Elon Musk, la reducción de empleados federales debe ser proporcional a la normativa anulada. Al haber menos regulación se necesitarán menos funcionarios, que a su vez producirán menos regulación a futuro. Uno de los objetivos de DOGE es ayudar a estos funcionarios a pasar al sector privado. Algunos recibirán incentivos para jubilarse anticipadamente y otros recibirán una indemnización por su salida de la Administración.
Se estima que los gastos no autorizados por el Congreso superan los 500.000 millones de dólares. Algunos de estos gastos son: 535 millones al año para la “Corporation for Public Broadcasting”, 1.500 millones para organizaciones internacionales o 300 millones para la multinacional del aborto “Planned Parenthood”.
Otras de las funciones de DOGE será realizar auditorías a contratos federales suspendiendo temporalmente los pagos. A modo de ejemplo, el Pentágono, con un presupuesto de 800.000 millones de dólares al año, no ha superado su auditoría por séptimo año consecutivo. Seguro que parte de dichos gastos pueden reducirse sin mermar la capacidad operativa del Pentágono.
De acuerdo con Elon Musk, existe la posibilidad real de reducir sensiblemente el gasto estructural del gobierno federal sin tocar la esencia de los programas como Medicare o Medicaid, acabando con los gastos innecesarios, el fraude y el abuso en el gasto público.
Adicionalmente, aunque existe una ley de 1974 (Impoundment Control Act) que impide al presidente de Estados Unidos parar los gastos aprobados por el Congreso, Trump ha sugerido que esta norma es anticonstitucional y que el Tribunal Supremo (de mayoría conservadora) podría tener su misma opinión. De ser así, el recorte de gastos podría ser todavía mayor.
Solo Argentina, bajo el mandato, de Milei ha acometido una reducción de gastos de la magnitud que pretende realizar Elon Musk como “hombre de negro”. Merece la pena seguir de cerca la evolución de los logros de DOGE. De tener éxito, a Europa no le quedaría más remedio que adoptar medidas similares. Lamentablemente, de momento en los distintos países europeos solo se acometen recortes de gastos bajo situaciones extremas y por imposición externa, como sucedió en los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal, o en España en 2010.
Artículo escrito por Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4 Banco, en El Economista.
Jesús Sánchez-Quiñones González
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